Cambios en la gestión de residuos: sectores claves temen retrocesos

Reforma a la Ley 225-20 enciende alarmas: limitaría reciclaje, crearía monopolios y concentraría el control estatal sobre residuos sólidos.

Fotografía: Fuente Externa

A cinco años de su aprobación, la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20) enfrenta una propuesta de modificación que enciende las alarmas en diversos sectores económicos, sociales y ambientales.

En discusión en el Congreso Nacional, el proyecto de reforma plantea cambios sustanciales que, según críticos, amenazan los principios de sostenibilidad, competitividad e inclusión que dieron origen a la legislación vigente.

Ley basada en la economía circular

La Ley 225-20 se aprobó con el objetivo de transformar el problema de los residuos sólidos en una oportunidad para el desarrollo de una economía circular. También para fomentar la generación de empleos verdes y la protección ambiental.

Inspirada en modelos internacionales y adaptados a la realidad nacional, la norma estableció un marco regulatorio para la inversión privada. De igual forma, el cierre de vertederos a cielo abierto, la valorización de residuos y la formalización de recicladores informales.

Además, la ley sirvió como base para alinear al país con sus compromisos internacionales en materia ambiental y de sostenibilidad.

Cambios propuestos: centralización y monopolios

Uno de los puntos más controvertidos del nuevo proyecto es la limitación en la instalación y operación de rellenos sanitarios.

La reforma dispone que solo podrá existir un relleno sanitario por región y que los residuos solo podrán ser trasladados al sitio designado por las autoridades municipales, con autorización del Ministerio de Medio Ambiente.

Este modelo centralizado elimina la competencia entre operadores, restringe la flexibilidad logística y abre la puerta a la creación de monopolios regionales.

Expertos advierten que, ante una posible saturación o falla del único relleno habilitado, no existirían alternativas viables en la región, lo que pondría en riesgo la continuidad del servicio.

Valorización de residuos: un paso atrás

La ley vigente promueve la participación de múltiples actores en la valorización de residuos: desde empresas privadas y cooperativas hasta recicladores informales y generadores.

Este enfoque inclusivo ha estimulado inversiones, ha permitido la creación de empleos y ha favorecido el desarrollo de tecnologías locales.

Sin embargo, la reforma propone restringir esta actividad exclusivamente a los operadores de los rellenos sanitarios. En tal sentido, propone dejar fuera a empresas independientes de reciclaje, plantas de compostaje, proyectos de conversión de residuos en energía y centros de acopio.

Esta medida no solo desincentiva la innovación y la inversión, sino que también pone en riesgo el sustento de miles de trabajadores informales que ya forman parte del sistema actual.

Empresas medianas, grandes y pequeños emprendimientos que han invertido bajo el marco de la ley podrían quedar fuera del esquema legal, perdiendo su capacidad operativa sin una transición justa.

Cambios en el fideicomiso DO Sostenible

Otro aspecto sensible es la modificación en la composición del fideicomiso DO Sostenible, encargado de administrar los fondos recaudados por la gestión de residuos. Actualmente, este órgano cuenta con participación tanto del sector público como del privado, reflejando el espíritu colaborativo de la ley.

La reforma elimina la representación empresarial y transfiere el control total al Poder Ejecutivo, en manos del Ministerio de Medio Ambiente y funcionarios designados por el gobierno. Esta concentración política genera preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la continuidad de los objetivos consensuados originalmente.

Inseguridad jurídica y fragmentación del sistema

Más allá de los aspectos técnicos, el debate gira en torno a la visión de país en materia de residuos sólidos. ¿Un sistema plural, abierto y competitivo o un modelo centralizado bajo control estatal?.

Especialistas advierten que modificar la estructura legal antes de completar la implementación de la ley vigente introduce un alto grado de inseguridad jurídica. Esta incertidumbre podría frenar inversiones privadas, debilitar el avance hacia una economía circular y comprometer los logros obtenidos en los últimos años.

Fuente: Mora Encarnación, G. (2025, 18 de junio). Cambios en la gestión de residuos: sectores temen retrocesos. CDN. https://cdn.com.do/nacionales/cambios-en-la-gestion-de-residuos-sectores-temen-retrocesos/