Inclusión en pausa: autismo en RD y la urgencia de una política de Estado

En RD, miles de familias con niños con TEA enfrentan exclusión pese a la Ley 34-23. Falta presupuesto, pocos centros y escasa inclusión escolar. CONADIS destina mucho a gastos administrativos. Sin inversión real, la exclusión crece y el país pierde humanidad y desarrollo social.

Un país no se mide solo por su crecimiento económico o sus obras públicas, sino por la forma en que protege y apoya a sus ciudadanos más vulnerables. En la República Dominicana, miles de familias que crían a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras necesidades especiales viven en una constante lucha entre promesas legales y la dura realidad de la exclusión.

Aunque en junio de 2023 se promulgó la Ley 34-23 para garantizar derechos esenciales como la educación adaptada, el diagnóstico temprano y las terapias especializadas, su implementación sigue siendo limitada por la falta de presupuesto. El presidente Luis Abinader ha prometido recursos para el 2026, pero para muchas familias esta espera significa años sin acceso a terapias ni cupos escolares.

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) ha logrado avances: ha certificado a más de seis mil personas con TEA y canalizado fondos a asociaciones, pero destina más del 50 % de su presupuesto a gastos administrativos, limitando el alcance real de sus programas. Por otro lado, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que ofrece terapias y apoyo, cuenta solo con tres sedes y enfrenta listas de espera de hasta cuatro años.

El programa social Supérate entrega bonos económicos y capacitación, aportando un alivio necesario, pero no sustituye un sistema educativo inclusivo ni un acceso universal a servicios de salud especializados.

La exclusión escolar es la principal preocupación de las familias: la falta de personal capacitado, recursos y prejuicios impiden que muchos niños con TEA accedan a escuelas regulares, violando su derecho constitucional a la educación. Padres reportan múltiples rechazos y gastos excesivos en colegios privados y terapias.

A nivel internacional, países latinoamericanos con leyes similares han invertido significativamente en inclusión educativa y sanitaria, mientras República Dominicana destina menos de una décima parte de esos recursos, evidenciando la falta de prioridad política.

La falta de acción tiene un costo alto: mayores dependencias en la adultez, presión sobre programas sociales y pérdida de productividad. La inclusión debe ser una política de Estado con presupuesto garantizado, formación docente, expansión del CAID, cupos escolares asegurados y campañas permanentes contra la discriminación.

La inclusión es un espejo de la humanidad de la nación. El sistema existe en el papel, pero sin la decisión política y recursos necesarios, miles de niños con autismo seguirán siendo invisibles, y el país seguirá acumulando una deuda social que afecta a toda la sociedad.

Fuente: El Caribe. (2025, 11 de agosto). Inclusión en pausa: autismo en RD y la urgencia de una política de Estado. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/inclusion-en-pausa-autismo-en-rd-y-la-urgencia-de-una-politica-de-estado/