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La negativa a rendir cuentas sancionaría hasta al Presidente

  • Foto del escritor: Jaime Rodriguez
    Jaime Rodriguez
  • 14 jul
  • 2 Min. de lectura

El Congreso impulsa una ley de Fiscalización que sanciona a funcionarios que evaden rendir cuentas, incluyendo juicio político y destitución. La normativa crea la Oficina Oasep para controlar el presupuesto y busca fortalecer la transparencia y responsabilidad pública.


(Fuente externa)
(Fuente externa)

El Congreso Nacional impulsa una nueva ley de Fiscalización y Control que le permitirá exigir cuentas claras a los funcionarios públicos, sancionando su negativa o inacción con medidas que incluyen hasta el juicio político y la destitución. La normativa, ya aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados y en proceso en el Senado, responde a mandatos constitucionales y busca acabar con la práctica reiterada de funcionarios que evaden comparecer ante comisiones o plenos legislativos.


La ley considera falta grave que un funcionario no responda solicitudes reiteradas de información, lo que puede derivar en un voto de censura y solicitud formal de destitución ante la autoridad correspondiente. También tipifica el desacato, castigando con prisión y multa la negativa injustificada a presentarse ante comisiones especiales de investigación.


Se define la fiscalización como el conjunto de procedimientos del Congreso para controlar el uso de fondos públicos y el patrimonio estatal. La ley establece mecanismos claros como la interpelación, invitación, denuncia ciudadana y la moción de censura para promover la transparencia y responsabilidad en la administración pública.


En cuanto al juicio político, se detalla que este procedimiento es para evaluar faltas graves de funcionarios electos, con sanciones que incluyen la destitución y prohibición de ejercer cargos públicos por diez años. Para acusar al presidente o vicepresidente se requiere un quórum mayor en la Cámara de Diputados, y durante el proceso el acusado queda suspendido sin sueldo.


Además, la ley prevé la creación de la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria (Oasep) dentro del Congreso para fortalecer la revisión y control del presupuesto del Estado. El Poder Ejecutivo deberá presentar el estado de recaudación e inversión de las rentas al Congreso en cada legislatura ordinaria; la negativa a hacerlo será considerada falta grave del presidente, lo que activará mecanismos de control parlamentario.


Con esta ley, el Congreso Nacional se fortalece como primer poder del Estado, dispuesto a ejercer su rol de fiscalización efectiva para garantizar la transparencia, el buen manejo de los recursos públicos y la responsabilidad política de los funcionarios.


Fuente: Ramírez, J. M. (2025, 14 de julio). La negativa a rendir cuentas sancionaría hasta al presidente. Hoy Digital. https://hoy.com.do/la-negativa-a-rendir-cuentas-sancionaria-hasta-al-presidente/

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