Ley de Contrataciones entra en vigencia con prisión para funcionarios que negocien con el Estado

La nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia y reemplaza la norma de 2006. Introduce sanciones penales por corrupción, prisión para funcionarios y contratistas, y refuerza controles digitales en las compras del Estado.

(Fuente externa)

Entra en vigencia nueva Ley de Contrataciones Públicas y sustituye normativa de 2006

Tras más de 180 días de haber sido promulgada, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia a partir de este miércoles, dejando sin efecto la antigua Ley de Compras y Contrataciones que regía desde el año 2006.

La normativa fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader, como parte de una amplia reforma orientada a fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en los procesos de contratación del Estado. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que el reglamento de aplicación de la ley será publicado este martes, lo que permitirá su implementación plena.

La nueva legislación es el resultado de un proceso de estudio y debate iniciado en el Congreso Nacional en 2021 y marca un cambio sustancial al introducir sanciones penales directas para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en prácticas corruptas.

Prisión para funcionarios y contratistas

Entre los cambios más significativos, la ley establece penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien o se beneficien de contratos con el Estado. Asimismo, contempla condenas de hasta 10 años de cárcel para empresarios o contratistas que ofrezcan sobornos con el objetivo de obtener obras, bienes o servicios públicos.

Estas disposiciones contrastan con la Ley 340-06, que si bien prohibía a los funcionarios beneficiarse de contratos estatales, solo contemplaba sanciones administrativas, como la inhabilitación del cargo, dejando las consecuencias penales sujetas a otras normativas.

El nuevo marco legal incorpora un título penal específico que sanciona la falsificación de información, el tráfico de influencias, la participación en contrataciones prohibidas y otras prácticas ilícitas vinculadas a la gestión pública.

Plataforma única y control reforzado

Otra de las novedades es la creación de la plataforma oficial Tienda Virtual, a través de la cual las instituciones públicas deberán adquirir bienes y servicios disponibles en ese sistema. Solo podrán recurrir a otros proveedores si demuestran que existen mejores condiciones y cuentan con autorización previa de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

La ley también prohíbe la fragmentación de contrataciones para evadir controles o licitaciones, estableciendo que no podrán realizarse contrataciones separadas de un mismo bien o servicio dentro de un período de tres meses.

Además, se institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, donde deberán registrarse todas las etapas del proceso, desde la planificación hasta el cierre y los pagos. Cualquier contratación realizada fuera de este sistema carecerá de validez legal y podrá ser sancionada.

Una prioridad del Ejecutivo

La aprobación de la ley fue una de las prioridades del presidente Abinader, quien en noviembre de 2024 pidió al Congreso agilizar su conocimiento. Sin embargo, la iniciativa permaneció varios meses detenida en la Cámara de Diputados debido a objeciones de distintos sectores.

Finalmente, tras alcanzar consensos en ambas cámaras legislativas, la ley fue aprobada y promulgada, entrando ahora en vigencia como uno de los pilares del nuevo marco institucional para las compras y contrataciones del Estado dominicano.

Hiraldo, I. (2026, 27 de enero). Nueva ley de contrataciones públicas lista para entrar en vigencia. Diario Libre. https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2026/01/27/nueva-ley-de-contrataciones-publicas-lista-para-entrar-en-vigencia/3415604