Ejecutivo ante la encrucijada con la Ley 225-20

La reforma a la Ley de Residuos enfrenta fuerte rechazo empresarial por imponer el uso obligatorio de residuos en cementeras. Se advierte riesgo de monopolios y discrecionalidad estatal. El presidente Abinader decidirá su destino.

(Fuente externa)

Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo enfrenta una de sus decisiones más críticas: promulgar o devolver la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El proyecto, aprobado recientemente por el Congreso Nacional, ha generado un amplio rechazo del sector industrial, organizaciones empresariales y entidades reguladoras, quienes advierten que su aplicación podría distorsionar el mercado, vulnerar principios constitucionales y abrir la puerta a estructuras monopólicas disfrazadas de sostenibilidad ambiental.

Uno de los puntos más polémicos es el nuevo artículo 20, que obliga a las cementeras a utilizar residuos sólidos nacionales como combustible alternativo. Para la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), esto representa una violación directa a la libertad de empresa, consagrada en la Constitución (art. 50), al imponer por ley el uso de un insumo específico sin considerar variables técnicas o económicas.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) han alertado que la medida podría derivar en la formación de un monopolio en el sector de los residuos, al centralizar la recolección, gestión y valorización energética en manos de pocos actores, sin mecanismos regulatorios suficientes.

ProCompetencia advirtió que la reforma propicia riesgos estructurales de concentración del mercado, y que el nuevo modelo podría derivar en una estructura oligopólica con bajo control público. Asimismo, la AIRD denunció que el proceso legislativo fue “opaco, acelerado y carente de diálogo técnico”, lo que impidió evaluar a fondo los impactos económicos del proyecto.

Otro elemento sensible es la ampliación del rol del fideicomiso DO Sostenible, el cual actuaría como intermediario obligatorio entre los fondos públicos y los municipios. Expertos advierten que esto podría prestarse a usos políticos o clientelares, especialmente en contextos electorales, dado que se concentraría en esta figura jurídica el control de recursos claves para la operación de los gobiernos locales.

Sectores productivos y analistas coinciden en que dejar la regulación de aspectos técnicos en manos del reglamento sería riesgoso, en un contexto institucional vulnerable y con precedentes de uso discrecional del poder regulador.

La decisión ahora está en manos del presidente Luis Abinader. Promulgar la ley significaría alinearse con una reforma ampliamente impugnada por actores económicos y sociales. Devolverla, en cambio, permitiría abrir un espacio de concertación para construir una normativa que combine sostenibilidad ambiental con libre competencia, transparencia institucional y desarrollo productivo.

La discusión, que inició como un debate sobre residuos, se ha transformado en una controversia mayor sobre el modelo de país, la separación de poderes y el equilibrio entre lo público y lo privado en la gestión de servicios esenciales.

Fuente: Céspedes, J. (2025, 28 de julio). Ejecutivo ante la encrucijada con la Ley 225‑20. El Caribe. Recuperado de https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/ejecutivo-ante-la-encrucijada-con-la-ley-225-20/